Los últimos acontecimientos en el territorio mapuche que se encuentra en conflicto con las empresas forestales y el estado, han mostrado elementos interesantes de analizar.

En primer lugar, a pesar del barniz y la promesa de cambio con que el nuevo gobierno se comprometió a tratar el tema mapuche, el régimen de hostigamiento, amedrentamiento y ocupación sigue vigente como también siguen vigentes todos aquellos mecanismos políticos, económicos y represivos que buscan la desarticulación del movimiento.

En segundo lugar, la metodología de enfrentamiento del problema utilizada por el aparato de estado y aplicada por todos sus agentes, sigue intacta, siendo esto - a nuestro juicio - sumamente grave: como es de público conocimiento, siempre y en todo caso, cualquier acción de fuerza llevada a cabo al interior de las zonas conflictuadas ha tenido como culpable único, las comunidades mapuche, siendo las víctimas por el otro lado, las forestales y la propiedad privada. Y con esta premisa básica, ha actuado el gobierno, la policía, el sistema judicial y la prensa.

No obstante, las reiteradas denuncias de las comunidades respecto de la participación directa e indirecta de las forestales, a través de su policía privada, en hechos de violencia, agresión, robo y daño a la propiedad pública y privada, nunca ha sido investigada, no verificándose ningún procesado por algún delito de los cuales se les imputa rápidamente a las comunidades mapuche.

Tampoco el aparato de estado ha implementado mecanismos que faciliten la entrega de información por parte de guardias forestales "arrepentidos", que permitan  investigar la participación y responsabilidad penal y criminal de las forestales en los hechos de violencia que se le imputan a las comunidades mapuche en las zonas del conflicto. Más grave aún, nos parece, que la policía ampare a los verdaderos responsables del conflicto, cuando ellos mismos se dicen abiertamente herederos de la noble tradición histórica mapuche. No parece justo que ellos, premunidos de todo tipo de armas, golpeen a nuestras abuelas (papay), abuelos (chachay) y niños (pichiche), solo para legitimar un orden social y económico injusto y que ha castigado tan duramente a nuestras comunidades.

Siendo todo esto, a nuestro juicio extraordinariamente grave, mucho más grave aún, nos parece el silencio cómplice que la iglesia, los cuerpos colegiados, los sindicatos, las agrupaciones estudiantiles, los colegios profesionales, grupos intermedios, etc, han tenido por largo tiempo, es hora de abrir el debate respecto del tipo de sociedad que se quiere, es hora que se pronuncien las personas, que digan honestamente, si la sociedad chilena discrimina o no a los pueblos originarios, es hora de dejar de hablar tanto del tema, de investigar, de intentar saber ¿quiénes son los mapuche?, es hora de actuar, de pronunciarse, de admitir errores, de restituir el patrimonio mapuche perdido por la fuerza de la pólvora y las balas, antes que la fuerza de los acontecimientos nos hagan tomar otros caminos.

Comité Editorial.
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