INTRODUCCIÓN

El análisis de coyuntura que a continuación se presenta es una reflexión, sobre la situación mapuche en los primeros meses del año 1999. Para lograr este objetivo, se ha abordado el análisis desde una perspectiva multifocal, en la que se considera la situación general de Chile como el eje articulador de la dinámica actual. Se dará prioridad al seguimiento de aquellos fenómenos o tendencias de la dinámica sociopolítica que, de una u otra manera, a nuestro juicio, son significativos para la actual coyuntura. Nuestra intención será entonces, contextualizar los acontecimientos más recientes que digan relación con la problemática mapuche.

La razón por la cual se comenzará a hacer este análisis a partir de la fecha propuesta consiste en examinar los hechos a partir de cuando el estado comienza a efectuar acciones represivas en orden a la desarticulación del proceso iniciado por comunidades mapuche que promovían la recuperación de tierras en la VIII y IX región.

Actores sociales y política interna son los ejes analíticos. Estos serán ubicados como parte de un procesamiento en el cual se manifiestan tendencias históricas profundas, contratendencias y tendencias propias de la situación actual; tomando en cuenta las primeras, para poder tener una perspectiva de mediano plazo, el énfasis se pondrá en las tendencias coyunturales y concretamente en los meses de enero, febrero, marzo y abril. Con todo, no se pretende un análisis puntual del 1 de enero al 30 de abril, sino más bien, ubicar en este período los hechos más importantes que permitan arribar a algún tipo de conclusiones respecto del futuro inmediato. En su conjunto, los análisis de situación que aquí se enuncia, apuntan a la construcción de una interpretación general sobre la evolución de la problemática mapuche durante el año 1999, que permita salir del ámbito puramente noticioso que dan los periódicos e informaciones manejadas por el estado y los empresarios.

Esta primera presentación está estructurada alrededor de una interpretación general sobre la marcha de los acontecimientos en los primeros meses del año 1999 (enero, febrero, marzo y abril), la cual será sometida a prueba en el análisis siguiente.

CONTEXTO INTERNACIONAL

Más allá de los aires de reconocimiento mundial de los pueblos originarios, que a largo plazo auguran un futuro de autodeterminación, nuestro contexto histórico y social más inmediato está señalado por el tipo de relación que el estado chileno mantiene con el pueblo mapuche, relación que se ha conflictuado de modo ascendente, producto de una serie de estrategias erradas implementadas por el estado, el apoyo tácito o explícito a los grupos empresariales de carácter transnacional y la permanente campaña de desprestigio de los grupos que han encabezado las movilizaciones mapuche. La evidencia existente hasta ahora, permite afirmar que el carácter de la relación no debería cambiar, y si lo hace será más por presión internacional que por iniciativa propia.

No obstante, partamos por hacer, brevemente, una reflexión sobre la actual situación mundial y sus repercusiones inmediatas, fundamentalmente porque a partir del término de los socialismos reales y las crisis de capitalismo, se configura una nueva situación en el ámbito internacional.

La unipolaridad mundial es la expresión sintética de una nueva época histórica inaugurada después de la caída del muro de Berlín, puesto que el equilibrio político se vió afectado por la desaparición de uno de los polos que concurrían a la cancelación hegemónica de alguna de ellas. El aparente triunfo del capitalismo determinó un reordenamiento mundial en términos políticos. EEUU logró reposicionarse en el contexto mundial y reorientar la política internacional. De allí que las relaciones internacionales se hayan convertido lentamente en legitimadores de la política internacional de EEUU, constituyéndose así en los gestores de un sistema mundial de seguridad de nuevo tipo, el cual se constituirá en el eje de las relaciones internacionales futuras.

Por su parte, el protagonismo de la ONU en los conflictos militares más recientes no han hecho otra cosa que confirmar lo anterior, por lo cual, la legitimación de dicha unipolaridad comienza a consolidarse en el horizonte de las relaciones internacionales globales.

Los sectores de la clase política norteamericana y europea que son receptivos y hasta proclives a la nueva política internacional unipolar norteamericana, se han visto fortalecidos y hasta han aumentado considerablamente sus niveles de decisión. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que dicha unipolaridad es relativa, en tanto se verifica la existencia de sectores distintos y reactivos a dicha unipolaridad que conservan importantes cuotas de poder.

Por otro lado, hay, evidentemente, una coincidencia de interés entre los EEUU y aquellos países proclives a su política internacional en mantener el actual rol hegemónico de los EEUU. De tal manera, no es aventurado pensar que este nuevo mecanismo podría ser el eje de las relaciones internacionales en los próximos años: EEUU y la ONU se convertirían en los referentes políticos que discutirán e influirán en todos los acontecimientos mundiales desde una perspectiva hegemónica, no existente con anterioridad.

La antigua bipolaridad soviético-norteamericana que arrastraba detrás de ella al conjunto de naciones, ha desaparecido, producto de lo cual, EEUU se ha convertido lentamente (con la venia de la ONU) en la policía del orden mundial.

Así, la tendencia al afianzamiento del reconocimiento de la diversidad que venia desarrollándose en los últimos años, podría decirse que continúa vigente en el terreno del mercado mundial, pero no así en el contexto de las relaciones internacionales globales en donde ello no es posible por la inexistencia de polos de poder similares al de los EEUU. Pues, como lo demuestra la crisis del Golfo Pérsico, son las potencias militares (EEUU, URSS, Irak: tres de los ejércitos más grandes del mundo) las que juegan el papel protagónico. Japón y Alemania, a pesar de todo su potencial económico, son prácticamente expectadores. Es necesario señalar, por último, que la actual disolución del esquema político Este - Oeste, no quiere decir que las potencias alineadas a uno u otro frente, hayan renunciado a todos los intereses territoriales preexistentes o que no consideren ciertas zonas geográficas como de hegemonía no compartida.

La posibilidad de un nuevo endurecimiento como resultado de la disputa política interna o acontecimientos bélicos límites, a los cuales deban responder desde la perspectiva de su interés nacional sigue latente. En el caso de Rusia, el caso checheno es un ejemplo de ello.

De tal manera, se vive aún, en el ámbito internacional global, un periodo de transición en el cual las contratendencias conservadoras y los reacomodos pragmáticos inciden fuertemente.

LA RELACION ESTADOS UNIDOS – AMÉRICA LATINA.

Una de las tendencias históricas que reafirmó las últimas décadas del siglo, fue que el destino político de América Latina está fuertemente condicionado por las percepciones que sobre la región tenían los diseñadores de la política exterior norteamericana y por la mayor o menor capacidad de coexistencia entre la región y los EEUU.

La política exterior norteamericana hacia la región, partía de la consideración estratégica de que América Latina (en adelante, AL) es una zona de hegemonía no compartida. Por tanto, los norteamericanos estaban cada vez menos dispuestos a permitir conflictos regionales en los cuales ellos no tuvieran un papel importante.

Esta convicción se vió alentada por la consideración de que la estrategia del "Roll Back" y de contención de la revolución centroamericana había sido exitosa. Para los estrategas norteamericanos, el diseño de su política exterior en términos del aniquilamiento insurreccional de los focos guerrilleros de Centroamérica mediante la Guerra de Baja Intensidad (GBI), la invasión norteamericana a Panamá y la aceptación cómplice de latinoamericana que tuvo la invasión a Panamá fueron pruebas contundentes del éxito de su política. Desde la perspectiva global de la política exterior norteamericana no "hubo otra Cuba", ni "una nueva Nicaragua". Por tanto, éstos hechos fueron considerados por el pentágono como triunfos de la GBI. Por lo demás, los fracasos de los socialismos reales y la reunificación alemana reforzaron esta convicción norteamericana.

No es el objetivo detenerse en el balance de la política exterior norteamericana en las dos últimas décadas, pero sí, analizar si la actual situación del área, en tanto resultado de esa política, puede ser considerada como un éxito de la estrategia de vinculación económica que promueve los Estados Unidos respecto de la región.

A partir de lo anterior y dado que EEUU no podía esgrimir el argumento del fantasma del comunismo, los analistas del pentágono, comenzaron a diseñar una nueva estrategia de intervención en América Latina; intentaron, - a nuestro juicio, con bastante éxito -, vincular los focos guerrilleros con las actividades de tráfico de drogas; había nacido la narcoguerrilla. Esta vinculación permitía a los EEUU, nuevamente intervenir en AL, recopilando información en países que consideraban como potenciales inestabilizadores de la región, Colombia especialmente. Es caso de Chile, también es interesante de analizar, en la medida que la DEA instaló una oficina de recopilación y procesamiento de información.

Pero no solo con la mera actividad de recopilación de información se conformó EEUU, sino también ha venido practicado sistemáticamente la intervención militar directa e indirecta, (la captura del General Noriega acusado de narcotráfico por EEUU es un ejemplo de ello, asesores militares en Bolivia y Colombia para el combate a la actividad productora de cocaína, etc.).

La actual política exterior norteamericana hacia la región, parte del reconocimiento de una nueva situación o por lo menos de algunos de sus aspectos principales, pero sin abandonar sus concepciones básicas. En ese sentido, no se puede hablar de una nueva política norteamericana que implique un cambio cualitativo, pero sí es posible ver rasgos nuevos que apuntan a la búsqueda de una salida política negociada, pero de acuerdo a los intereses geoestratégicos norteamericanos y a sus reacomodos internacionales. Prueba de ello, son los intentos norteamericanos por abrir los mercados latinoamericanos a la producción que ya no es colocada en los mercados asiáticos y europeos a partir del NAFTA. Actualmente, busca legitimidad y reconocimiento internacional a sus acciones en América Latina, incluidas las militares.

La insurrección zapatista en enero de 1990 es el primer hito importante que habría que mencionar, el EZLN, será la primera guerrilla latinoamericana que se pronuncia militarmente en contra del capitalismo y con una postura claramente indigenista, la adición de estos dos elementos constituye, a nuestro juicio, un conflicto de nuevo tipo.

México, ad portas de firmar el tratado de libre comercio con EEUU, reacciona con cierta timidez e incredulidad al copamiento de ciertas zonas de la selva lacandona por parte de los guerrilleros zapatistas. Acusado el golpe y repuesto de la sorpresa, el ejército mexicano responde intentando neutralizar a los combatientes, cuestión que no logra, fundamentalmente por el fuerte apoyo internacional, las muestras de simpatía externa e interna que se generaron a partir de la insurrección y por otro lado, por el apoyo que los zapatistas reciben de la población indígena no combatiente y la actividad comunicacional llevada a cabo a través de Internet, cuestión que probó ser determinante en lograr su legitimidad en la comunidad internacional, habría que mencionar además que sumado a lo anterior existía escasa información de inteligencia sobre las actividades de EZLN antes del levantamiento, que ni siquiera los organismos de inteligencia norteamericanos poseían. Sin embargo, sorprende el hecho de que la guerrilla no haya sido neutralizada militarmente por un ejército entrenado y con armamento muy superior al de ésta.

Desde esa perspectiva, la respuesta militar del estado mexicano, es más que nada una respuesta simbólica, puesto que no logra anular el alzamiento y los escasos enfrentamientos entre ambas fuerzas no logran imponen el dominio del ejército mexicano sobre los alzados, además llama la atención el desconocimiento del área por parte del ejército mexicano.

Independiente de lo anterior, lo que había de fondo en la insurrección zapatista era una reacción de nuevo tipo de un sector social altamente castigado por el modelo económico vigente. Por otro lado, el levantamiento zapatista reflotó con nuevos bríos y nuevas perspectivas, la posibilidad de respuestas armadas frente a la opresión del capitalismo. Esta experiencia, tuvo la virtud de reconsiderar la variable indígena como una variable determinante en las expresiones políticas que se generaron a partir del levantamiento zapatista en otras partes de AL.

Cabe hacer notar que, la presión que EEUU ejerció sobre México para aplastar el levantamiento zapatista, dejaron de manifiesto las relaciones desbalanceadas con que México concurría al Tratado de Libre Comercio.

A nuestro juicio, el nuevo rol de los EEUU en el concierto mundial, sumada a la insurrección zapatista y la crisis asiática son el marco a partir del cual habría que entender e interpretar los acontecimientos que serán analizados más adelante.

LA DINAMICA SOCIOPOLÍTICA CHILENA - mapuche. TENDENCIAS Y ACTORES.

Si algo ha quedado claro en Chile es que, durante la década de los ochenta y noventa, el modelo neoliberal fundado por Pinochet y administrado por los gobiernos de la Concertación, se ha ido consolidando y legitimando en casi todos los actores sociales. De tal manera que, son muy pocos los actores que tienen posiciones políticas distintas, en cuanto a la validez del modelo y su implementación, ejemplo de ello son las acciones reivindicativas del pueblo mapuche y algunas organizaciones estudiantiles de perfil anarquista.

Esta realidad (la aceptación del modelo neoliberal como realidad a lo menos incuestionable) está en la base de las negociaciones de los colegios profesionales, las organizaciones estudiantiles y los sindicatos, por lo cual no debe llamar la atención de la ausencia de pronunciamiento de estas instituciones respecto de los recientes conflictos territoriales mapuche.

También explican el paso tendencial del cuestionamiento político al enfrentamiento cuasi - militar con que el estado a respondido a las movilizaciones mapuche, cuestión que ha sido legitimado en casi todos los actores sociales citados, también explican, el reacomodo de las estrategias políticas y la emergencia de nuevos sectores y referentes al interior de las organizaciones mapuche, que plantean el tema de la autonomía con una vehemencia no verificable en el pasado más próximo. Cómo se reacomodan y coexisten este conjunto de fuerzas y sus aliados reales y potenciales, es el nudo de la situación actual.

En los primeros meses analizados, se comenzó a consolidar un escenario completamente distinto a los escenarios sociopolíticos anteriores: La política de contención del conflicto mapuche(1), partía de la necesidad del estado de vincular las acciones del movimiento mapuche con acciones delictuales y como expresión de pequeños grupos radicalizados, puesto que ya los mecanismos de negociación generados desde el estado perdían rápidamente su vigencia.

El tiempo iría consolidando en el aparato de estado la opinión de que las acciones emprendidas por las organizaciones mapuche eran solo impulsadas por pequeños grupos sin arriago real en las comunidades.

Pero, ¿cómo se fue tejiendo toda esta trama?, si bien examinar todos los datos y hechos, nos llevaría fácilmente al siglo pasado, útil será poner un punto de referencia convencional, cual será, la salida del último director indígena (mapuche) de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena CONADI.

A partir del nombramiento de Rodrigo González (abogado, ligado al PS, sin experiencia anterior respecto de la temática indígena) surge un nuevo escenario (un nuevo ciclo se abre, aún cuando no se ha cerrado el anterior):

Este nuevo escenario tendrá como eje articulador, la contención por parte del aparato de estado, del impulso autonomista que comunidades de la VIII y IX región venían mostrando. El nuevo escenario, por su carácter inconcluso manifiesta una tendencia de largo aliento en función de los lineamientos estratégicos que el aparato de estado formulará para neutralizar el conflicto mapuche.

Este eje articulador en tanto estrategia de neutralización puede denominarse como de regresión política, puesto que deshace de un plumazo, por la vía de los hechos, acuerdos vigentes y que habían sido respetados por casi todos los dirigentes y organizaciones mapuche.

La salida de Domingo Namuncura de la dirección de la CONADI le restó legitimidad al proceso que había sido iniciado con el Pacto de Imperial(2). Frei puso en serio riesgo la política indigenista con su apoyo irrestricto a los megaproyectos energéticos basados en recursos hídricos y proyectos de infraestructura vial que pasaban por territorio mapuche. La decisión de Frei de apoyar los intereses empresariales desconociendo los intereses de las denominadas "minorías étnicas" sobre los espacios de reproducción social, cultural y religiosa que históricamente habían ocupado, afectó gravemente las relaciones entre el gobierno y los pueblos indígenas.

En este proceso, llamó extraordinariamente la atención, la rapidez con que Frei recompuso el naipe político para asegurar la aprobación de los megaproyectos energéticos (Ralko). Cabe recordar que Cristian Vives y Milene Valenzuela fueron removidos de sus cargos de consejeros de la CONADI por ser proclives a la postura indígena, en el segundo semestre de 1998.

Interesa hacer notar que los consejeros de la CONADI son personas de confianza del presidente y nombradas por éste, la composición interna del consejo de la CONADI es el 50% indígena y el otro 50% no indígena, siendo el director clave en el equilibrio del consejo, por ello es que la balanza se desequilibra si el director es indígena o no.

Siendo el 50% del consejo, receptor de las políticas de estado diseñadas por la administración Frei, además de origen no indígena, sumada a un director no indígena (en adelante, winka), imposibilitaría de cualquier posibilidad de implementación la perspectiva de carácter indígena.

Esto no tardó en ser demostrado cuando en la primera semana de enero de 1999, el consejo de la CONADI (con quórum mínimo, la ausencia de la totalidad de los consejeros mapuche y la presencia de solo dos consejeros indígenas, Alberto Hotus y Julio Zuleta) aprobó las primeras 16 permutas de tierras necesarias para ocupar los terrenos y comenzar (cuestión que en la práctica, ya se había iniciado) la construcción de la central Ralko. El 15 de enero de ese año, el consejo debió sesionar por segunda vez, pero en esta ocasión, se retiró la totalidad de los representantes indígenas del consejo, quedando solo los representantes del gobierno más el director de CONADI, siendo aprobadas la totalidad de las permutas.

Los representantes indígenas inmediatamente invalidaron el proceso, aduciendo que la aprobación no sería legítima en tanto no contaban con la sanción de los representantes indígenas y que de los representantes del gobierno habían solo dos titulares y el resto eran suplentes (6 miembros).

La actitud utilitarista y prepotente del gobierno, gatilló la inmediata reacción mapuche - pewenche que ocupó los terrenos aledaños a la construcción de la represa. Por su parte, las comunidades mapuche de la zona de traiguén, lumako y collipulli hicieron lo mismo en terrenos de propiedad de las forestales, las forestales también reaccionan reclutando una guardia de seguridad con connotaciones paramilitares y haciéndola operar en las zonas en conflicto.

En los últimos días de febrero, el ministerio de interior absuelve a los comuneros mapuche de los delitos que les eran imputados a estos, acusando a supuestos activistas externos o "infiltrados" del origen de las movilizaciones y recuperaciones de tierra (tres extranjeros fueron notificados de su expulsión de Chile, para luego ser absueltos por la corte suprema).

La tendencia a la militarización de la respuesta estatal a las movilizaciones quedó en evidencia, cuando comenzó una fuerte e inusitada represión policial en contra de las comunidades que habían iniciado el proceso de recuperación de tierras y se puso en marcha un amplio operativo de inteligencia, por su parte, las forestales respondieron fomentando una suerte de hostigamiento psicológico para hacer intervenir la fuerza pública sobre las comunidades mapuche movilizadas en torno a la recuperación de tierra.

Por esos días, (primeras semanas de Marzo), la quema intencionada de los bosques de pinos, atentados incendiarios en contra de propiedades de las forestales, cortes de caminos y puentes, se sucedían con extraordinaria frecuencia y fueron rápidamente atribuidas a las comunidades movilizadas sin más pruebas júridicas que ese hecho, sin embargo, estas acciones analizadas desde un punto de vista estratégico será más beneficiosa para las forestales que para las comunidades reunidas en torno a la Coordinadora de Comunidades mapuche en conflicto Arauko - Malleko. La razón es simple, ya en esa época había una fuerte contracción del impulso económico y las primeras señales de la recesión mundial, producida por la crisis asiática, se hacían sentir en Chile, se desaceleró la economía y las exportaciones sufrieron drásticas disminuciones, se produjo un sobrestock de madera y los precios bajaron ostensiblemente, dado ese cuadro, sumado a los conflictos en curso, motivaron a la forestales a buscar caminos que les pudieran redituar algún grado de ganancia en este contexto poco auspicioso; acusar a las comunidades mapuche en conflicto de los incendios forestales intencionados y las acciones de fuerza, les fue más que útil en ese contexto. Lo que les permitió (a las forestales) cobrar los seguros comprometidos y de paso obligar al aparato de estado a buscar culpables dentro de las comunidades mapuche.

Las zonas en conflicto fueron intervenidas por la fuerza pública, estableciendo un régimen militar de ocupación; retenes móviles, vuelos rasantes de helicópteros, hostigamiento, seguimientos, allanamientos y detenciones arbitrarias y hasta robos por parte de los guardias forestales en completa impunidad serían por esos días pan de cada día, a lo cual hay que adicionar, un evidente sobredimensionando de la respuesta estatal, puesto que no hubo ninguna proporción entre los efectivos de la policía destacados en las áreas conflictuadas, los recursos de inteligencia, la magnitud real del conflicto y los paupérrimos recursos con que contaban (y cuentan) los comuneros mapuche.

Es evidente que en el clima de inestabilidad que se fue creando producto de un mal manejo político del conflicto por parte del aparato de estado, la tendencia a generar focos de violencia iría en progresivo aumento, esto fue lo que precisamente ocurrió en los primeros días de marzo, agudizándose más aún la situación, con la puesta en marcha de fuerzas irregulares (que las forestales denominan eufemisticamente "guardias forestales") amparadas por la fuerza pública, amedrentando y ejecutando acciones de diversa índole que les permitiera legitimar el uso de la violencia represiva.

En este contexto de violencia legitimada desde el estado, surgen las primeras voces que pedían poner fin al conflicto, iniciando una mesa de diálogo entre las partes. Dirigentes mapuche el 8 de marzo ponen como condición "sine qua non", para iniciar el diálogo y la paralización de las movilizaciones, la detención de la tala de los bosques, condición que no es aceptada por la contraparte, lo que obliga a los dirigentes a rechazar dicha mesa, por no existir garantías suficientes para la negociación.

Interesa hacer notar que hasta ese momento el conflicto transcurría con una serie de actores ausentes, uno de los cuales, el más importante a nuestro juicio, brillaba por su ausencia; la CONADI se había marginado del conflicto, puesto que había perdido toda legitimidad y ya no era reconocida como interlocutor válido por las comunidades mapuche en conflicto, de hecho en algunas ocasiones, los representantes de este organismo debieron abandonar rápidamente la mesa de negociación de la cual habían sido virtualmente expulsados. Cabe recordar que su deslegitimación se produce a partir de la "renuncia voluntaria" de Namuncura y el triste y desafortunado rol que le tocó realizar después de asumir la dirección de la CONADI, un director Winka.

No hubo en ese tiempo, pronunciamientos de las agrupaciones de trabajadores, (CUT o sindicatos independientes, ni de cuerpos colegiados, ni de organizaciones estudiantiles) ni de partidos políticos de la gobernante coalición de la concertación, respecto de los conflictos territoriales mapuche en su favor.

Si bien es cierto, hay tendencias, hechos y posiciones políticas que plantean la posibilidad de superación del conflicto, no es menos cierto que la posibilidad de superar las contradicciones históricas se hace menos palpable, puesto que subsisten aún, tendencias, hechos y posiciones que se resisten a enfocar la problemática mapuche desde una perspectiva más horizontal, de modo que puede considerarse el conflicto mapuche  todavía como un problema inconcluso. Y éste es el rasgo principal de la coyuntura en tanto es posible constatar un proceso político regresivo.

Pero, ¿cuales son algunas de las tendencias identificables en este período?

En primer lugar, el reacomodo de las estrategias polares (bloque dominante y movimiento mapuche) para buscar hegemonía y legitimidad en la sociedad civil. Para unos más que para otros, queda claro que el bloque dominante recibe ayuda de sus pares y del estado, no así el movimiento mapuche que se ve aislado sin coordinación con otros movimientos que potencialmente podrían ser aliados estratégicos (campesinos, obreros, estudiantes). El movimiento mapuche, aislado completamente, actúa haciendo acopio de fuerza propia y elevando ese perfil a una categoría deseable.

En segundo lugar, ninguna fuerza política ha sido capaz de encarar la situación reaccionando como cuerpo, salvo el Partido Comunista que replica el discurso de los dirigentes mapuche en orden a fundar un proyecto de autonomía política y cultural (claro está, que sin tener muchas razones para plantear dicha perspectiva), más bien, los apoyos a la causa mapuche, surgen de personas ligadas a partidos pero que actúan de muto propio, en muchos casos con abierta oposición de sus respectivas orgánicas.

Esta perspectiva, también comienza a ser parte de la cotidianidad de amplios sectores de la sociedad chilena, que se expresa a través de una percepción generalizada de que el conflicto mapuche es un hecho aislado y fundamentalmente gatillado por la pobreza.

De tal manera, que la búsqueda de un proyecto viable por medio de negociaciones, dentro de los distintos marcos jurídicos políticos nacionales, la variable pobreza estará presente como una constante a lo largo de la coyuntura. En definitiva, lo que buscará resolver el aparato de estado será, la pobreza mapuche y no el conflicto mapuche. Si la intervención estatal y la de sus aliados económicos y empresariales se mantiene como un proceso institucional con esa directriz, dentro de un proceso continuo de evolución sociopolítica, ésta marcará un derrotero poco promisorio para la resolución del conflicto.

Otra tendencia son los cambios en la relación entre actores. Si en los años ochenta fue el proyecto de las fuerzas populares lo que marcó y dio el tono a la dinámica mapuche, actualmente, el proceso de suscripción del modelo de mercado, impulsado por los grupos empresariales y legitimada por los gobiernos de la concertación, será la que marcará las relaciones entre unos y otros. Los intereses macroeconómicos y empresariales primarán por sobre los intereses del pueblo mapuche. Por su parte, los grupos empresariales, asumirán un papel protagónico a nivel estatal no antes visto después de recuperada la frágil democracia chilena, en términos de protagonismo y presión sobre el aparato de estado.

Otra tendencia constatable en este período, es que el movimiento mapuche comienzan una fase de recomposición y de afinamiento de un nuevo proyecto político, fundamentalmente a partir de la experiencia del Aukiñ Wall Mapu Ngulam (AWN) a partir de los 90.

En distinta medida y con diferentes enfoques, los diversos referentes mapuche comienzan a proponer modelos de autonomía que el estado se niega tozudamente a estudiar, independiente de donde surgan las propuestas. Sin embargo, dichas propuestas son socializadas por distintos medios, de modo que ya son manejadas por casi la totalidad de los estudiosos del problema mapuche, esto puede ser un elemento interesante de negociación para las orgánicas mapuche, puesto que potencialmente enriquecería la discusión.

No obstante, en lo inmediato, las propuestas neoliberales aparecen como las únicas con viabilidad estatal, pues las fuerzas políticas que las sustentan tienen partidos políticos organizados, apoyo social (que les permitió ganar las elecciones en los primeros comicios postdictatoriales), apoyos internacionales y apoyos - presiones de los organismos financieros internacionales. Y también el partido democratacristiano y los socialdemócratas (léase socialistas y radicales) postulan y hacen suyo el neoliberalismo.

No hay, hoy por hoy, un proyecto alternativo estructurado ante el neoliberalismo, salvo la resistencia de minorías políticas que parecen irrelevantes en el concierto actual, con excepción de las propuestas del movimiento mapuche que en todo caso no son propuestas de carácter global ni con repercusiones nacionales.

Con todo, las condiciones de los nuevos escenarios están en una fase de recomposición y consolidación, y resulta evidente que la marcha y profundidad del proyecto de autonomía mapuche será afectado por los futuros acontecimientos así como por la fuerza con que se exprese la demanda mapuche.

NEGOCIACIONES ESTADO - PUEBLO mapuche

Las negociaciones son un nuevo escenario a través del cual en forma directa o indirecta, se expresan todos los actores políticos y sociales involucrados en el conflicto mapuche. Éstas tienen enorme importancia, porque de sus avances, retrocesos o (auto)marginaciones han dependido hasta ahora, el rumbo de los acontecimientos. Siendo un indicador de ello, el comportamiento político del aparato de estado que muestra el carácter inconcluso de la actual coyuntura.

Los actores que concurren al conflicto y los proyectos políticos en pugna no son similares, en tanto también las negociaciones (plazos, ritmo y estilo) son diferentes. De hecho, el aparato de estado insiste en que la solución del conflicto mapuche es un problema de pobreza, los actores mapuche por su parte, repiten frecuentemente que el problema es mayor y que es superado por este factor.

Pero analicemos algunas metodologías o procedimientos de negociación con los cuales ha operado el aparato de estado.

El primero, es el procedimiento de resolución institucional, el cual plantea que el conflicto mapuche debe expresarse a través de los canales legales, elevando el perfil de organismos como CONADI, INDAP entre otros y otorgándole a los intendentes de las regiones facultades para intentar resolver regionalmente los problemas derivados del conflicto. Esto obedecía a una consideración estratégica importante, en la medida que intentar resolver regionalmente la problemática, impedía la articulación de éste y de paso, disolvía la posibilidad de la generalización del conflicto en términos territoriales.

La estrategia subyacente del procedimiento de resolución institucional era bastante simple, las comunidades mapuche en conflicto debían incorporarse a la legalidad vigente a través de los canales institucionales pertinentes. De esta manera, se toma partido de antemano por uno de los contendientes, en este caso, el estado, y se le pide al adversario que deponga su actitud y se incorpore a la institucionalidad política establecida. Dentro de este esquema, lo que se negocia son los mecanismos y garantías que el aparato de estado debe dar a las comunidades en conflicto y la manera de incorporar algunas de sus demandas posteriormente, pero en el marco de la institucionalidad vigente. Se trata de lograr primero la desarticulación de las demandas territoriales mapuche y después la negociación parcelada para el logro de acuerdos políticos posteriores.

El segundo esquema es el procedimiento de neutralización del conflicto. Este, a diferencia del anterior, parte de la consideración de que existe un conflicto entre dos proyectos político - sociales antagónicos, ambos con determinadas cuotas de legitimidad y legalidad. Por tanto, la negociación no debe ser para incorporar uno a la institucionalidad del otro, sino para lograr la disolución del conflicto por la vía del aniquilamiento del polo menos proclive al primer esquema propuesto.

Las tácticas utilizadas dentro de este esquema, serán básicamente las mismas que utilizó la dictadura cuando operaban sus servicios secretos; amedrentamiento, ocupación militar, vigilancia electrónica, seguimientos, etc, serán algunas de las técnicas utilizadas para frenar el conflicto.

Desde ese punto de vista, a finales de marzo y principios de abril, comienzan a circular las primeras versiones sobre posibles "infiltraciones" de la izquierda en las zonas en conflicto, rumores sobre un supuesto comandante y supuestos grupos que se entrenaban bajo la supervisión militar del Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP).

Interesa hacer notar que, las informaciones de inteligencia provenientes de los organismos de inteligencia de Carabineros y la "Oficina", precisamente ratificaban la infiltración de las comunidades mapuche en conflicto por elementos de la izquierda y hasta la derecha afirmó de que el MRTA había enviado asesores a los lugares neurálgicos del conflicto. Las afirmaciones de Gustavo Alessandri, diputado de Renovación Nacional,en este sentido, merecen un comentarios aparte, en la medida que es imposible cualquier negociación y cooperación en los conflictos territoriales mapuche por parte de otros pueblos y menos de los pueblos originarios del norte de Chile, cualquier conocedor de la sensibilidad mapuche puede darse cuenta rápidamente de que la inflitración del movimiento mapuche por parte del MRTA o cualquier otro grupo o instancia del norte de Chile es irrisorio.

Independiente de lo anterior, la calidad de la información de inteligencia, estaba muy por debajo de lo que en realidad estaba ocurriendo, los analistas de los departamentos de inteligencia, desconocían totalmente la dinámica y lógica con que estaban operando las comunidades mapuche en conflicto, siendo la lógica de análisis de los organismos de inteligencia, un modelo basado en comportamientos delictuales asociados con alianzas estratégicas con sectores de ultraizquierda. No hubo allí ningún análisis histórico de largo plazo, sino un análisis inmediatista y de corto plazo. Ello determinó que la información generada fuera de mala calidad y los organismos que diseñaban las estrategias a seguir a partir de esa información, apuntaran a blancos inexistentes, produciendo con ello, pérdida de recursos y malas intervenciones.

Ahora bien, el primer esquema negociador fue aplicado a la negociación de conflictos puntuales, buscando la cooptación de dirigentes y agilizando los trámites burocráticos respecto de la ampliación de tierras mapuche en que estaban entrampados en la CONADI. Este procedimiento permitió desmovilizar a importantes comunidades de Lumako, siendo el dirigente Galvaniro Raimán quien encabezaría dicha negociación. Lo mismo ocurrió en la zona pewenche, en donde muchas familias llegaron a acuerdos con ENDESA y el estado. Evidentemente este esquema, buscaba reducir la capacidad de maniobra y coordinación de las comunidades en conflicto, introduciendo un factor de inestabilidad y división al interior mismo de las éstas.

El segundo esquema fue utilizado profusamente con aquellas comunidades que se mostraban reacias a la aceptación del primer esquema; los blancos principales de este esquema fueron la coordinadora de comunidades en conflicto Arauko - Malleko y la coordinadora mapuche de la Región Metropolitana, en menor medida y posteriormente el AWN fue también objeto de la aplicación de este esquema.

Interesa mostrar que el gobierno intentó descalificar el apoyo que recibía la coordinadora Arauko - Malleko, por parte de sectores mapuche provenientes de áreas urbanas, atribuyéndoles un rol de agitación y por lo tanto, de importación del conflicto. Rápidamente la coordinadora de comunidades mapuche en conflicto Arauko - Malleko se encargó de justificar y legitimar el apoyo recibido por las orgánicas mapuche que venían de distintas ciudades (Santiago, Concepción, Temuko, etc), de este modo, el argumento que esgrimía el gobierno de que el conflicto era artificial y provocado por actores externos perdía toda su fuerza.

En las últimas semanas de marzo, el gobierno se da cuenta que está frente a una nueva situación en la correlación de fuerzas, caracterizada por una mayor militancia y organización política del conflicto. En este contexto, la profundización de la crisis provocará en el gobierno, un deterioro de su imagen internacional y presiones de distintos entes y actores para que se de término al conflicto.

A pesar de estos hechos, el gobierno y los empresarios no flexibilizaron sus posiciones y no aceptaron el diálogo con actores relevantes en el conflicto. En sentido estricto, lo que se da a partir de ese momento, es un intento pre - negociador por parte del aparato de estado, que permitiera generar confianza en los inversores extranjeros de que este tipo de conflicto son resueltos eficientemente por el gobierno, la preocupación del gobierno en esta etapa será definir actores proclives a una negociación con el estado, definir sus perfiles y capacidad orgánica, así como definir los procedimientos y el contenido de una futura agenda de negociación, que se de hasta que se instale el próximo gobierno.

Sin embargo, hay aquí un punto de negociación muy importante, enunciado con vehemencia por las comunidades mapuche en conflicto, que apunta a resolver las causas estructurales y políticas (incluido el papel del estado) que dieron origen al conflicto histórico. Sobre esto es muy difícil predecir si habrá o no un acuerdo, pues el estado no considera viable el replanteamiento de la institucionalidad del país creada en 1810.

A la fecha están pendientes una serie de reivindicaciones mapuche, sobre el cual los actores institucionalizados no se han pronunciado, hipotéticamente es posible señalar que sus posiciones no necesariamente son convergentes y probablemente no coincidirán en un futuro escenario de negociación.

Más allá de los sectores organizados mapuche, hay actores que no se han pronunciado abiertamente sobre las actuales reivindicaciones y aspiraciones territoriales mapuche. Tal es el caso de los intelectuales mapuche, este actor, si bien no es posible visualizarlo orgánicamente en la coyuntura, será de una tremenda importancia en el futuro inmediato.

Conviene hacer notar que el Gobierno tuvo que aceptar que independiente del esquema negociador, la realidad fue superada mostrando que los modelos eran en la práctica, inoperantes para resolver el conflicto, especialmente después de ser conocidos los resultados de una encuesta realizada por la fundación Futuro, casi a fines del mes de abril (18 de abri1 de 1999). Dicha encuesta, aplicada en el Región Metropolitana, indagó sobre la percepción que los encuestados tenían respecto del conflicto mapuche. La encuesta arrojó resultados sorprendentes, el 85% de las respuestas indicaban que los encuestados creían que las tierras reclamadas por las comunidades mapuche efectivamente les pertenecían; un 68% de la población encuestada creía que las ocupaciones de fundos de propiedad de las forestales desarrolladas por las comunidades eran legítimas; y un 53% reprobó los mecanismos represivos utilizados por el apartado de estado para frenar el conflicto mapuche. Dado este escenario, el aparato de estado se esforzó por bajar el perfil del conflicto, restándole importancia a la magnitud real del conflicto, minimizando el rol aglutinador de las demandas territoriales y tratando de vincular la demanda mapuche con conflictos marginales y sin convocatoria, pero por otro lado, a lo menos en esta etapa, el gobierno se conformó con hacer operar la vía jurídica, pero evidentemente no la ley 19.253, sino la vía de la defensa de la propiedad privada.

Sin embargo, definir el marco negociador, permitió dar inicio a las negociaciones mismas y al supuesto "tira y afloja" de todo proceso de búsqueda de superación de un conflicto. Que en toda circunstancia, tiene la virtud de ir mostrando las intencionalidades últimas de los negociadores. Y en este caso, las organizaciones mapuche han sido claras al respecto: "mientras no esté negociado todo, nada está negociado".

CONCLUSIONES.

Evidentemente las conclusiones posibles de arribar son muy preliminares, además del hecho que este análisis está basado en los acontecimientos de los primeros meses del primer semestre de 1999, sin embargo, es posible afirmar que el aparato de estado en principio no supo como reaccionar frente a la complejidad del conflicto mapuche, en el proceso, ensayó una serie de mecanismos y recompuso a su favor todas aquellas variables que le permitieran legalizar su actuación.

La administración Frei tuvo siempre en mente la posibilidad de la radicalización del conflicto, por ello hizo operar en la zona en conflicto, organismos de inteligencia, así como también, distintos mecanismos de hostigamiento, a su vez, la escasa información de inteligencia que se poseía respecto de las distintas orgánicas que concurrían al conflicto, inquietó al gobierno, que se apresuró a enviar a la DIPOLCAR y la fuerza pública a restituir "el orden". Las forestales, conscientes de que el estado defendería sus intereses, comenzó a actuar amedrentando a los comuneros mapuche a través de brigadas de "guardias forestales" que actuaban impunemente en la zona del conflicto. Esto es un indicador del grado de aceptación del modo de producción que el gobierno defiende.

Llamó profundamente la atención en este proceso, que el gobierno solo optara por los sectores empresariales que orientaba su producción a la exportación, dejando de lado a aquellos propietarios winkas de menor envergadura económica pero que igualmente veían afectados sus intereses a raíz del conflicto. Cuando estos respondieron organizándose y crearon una fuerza irregular (de autodefensa, según ellos) que amenazó con profundizar más aún el conflicto, el gobierno se apresuró a descalificar su organización.

Con todo, el estado seguirá enfocando el conflicto mapuche como un problema de pobreza y desde esa perspectiva, para el estado, el problema se vería solucionado cuando los mapuche dejen de ser "pobres". El estado promoverá la política de que los conflictos son expresión de grupos reducidos y sin arraigo real en las comunidades, por su parte, las comunidades y organizaciones mapuche, insistirán que el conflicto mapuche es un problema histórico que parte desde el momento mismo que comenzó la tercera invasión (esta vez, chilena) y la colonización por parte de éste del territorio mapuche. Resolver el conflicto, luego entonces, implicará resolver este tema y no otro.

Se ha intentado mostrar en este análisis, que el problema de las tierras ocupadas es mayor al que frecuentemente se cree, la razón fundante del conflicto es un problema histórico con su raíz en la relación misma con que el estado chileno ha enfrentado al pueblo mapuche. El problema mapuche es un problema en tanto nación y no como subconjunto del estado nación chileno.

Las distintas orgánicas mapuche involucradas en el conflicto se han esforzado por mostrar que esta es la situación, pero el estado chileno ha intentado sistemáticamente minimizar el conflicto, reduciéndolo a un problema de pobreza, sin preguntarse por las causas estructurales de dicha pobreza y solo preocupándose de su mitigación y en todo caso, esto con una cantidad irrisoria de recursos.

Lo que ha enseñado este período para las organizaciones mapuche, es que en primer lugar, los aliados estratégicos que se suponían leales, hoy su lealtad se ha relativizado y que los aliados más cercanos son mas bien personas que no se expresan colectiva ni orgánicamente, como canalizar este apoyo para la causa mapuche, será una de los desafíos mas relevantes. En segundo lugar, nuevas herramientas han sido incorporadas a la lucha reivindicativa mapuche, una de ellas, son los medios de comunicación, especialmente aquellos alternativos a los mass media, el futuro irá indicando como va evolucionando el uso de estas herramientas.

Por último, resta decir que en lo que va de los meses analizados, el conflicto se ha mantenido con oscilaciones, pero en ningún caso, se ha superado; nadie puede jugar con la dignidad, paciencia e impotencia de un pueblo.

Notas.

(1) Conviene hacer una observación metodológica respecto de estos conceptos; cuando aquí se hable de conflicto mapuche se estará refiriendo al conflicto histórico mapuche, es decir, al proceso de reducción y usurpación territorial que busca el aniquilamiento del pueblo mapuche que se inicia con la invasión chilena a territorio libre mapuche, por otro lado, cuando se hable de movilizaciones mapuche, zonas en conflicto, comunidades mapuche en conflicto, se estará hablando de estas como indicadores del conflicto mapuche. Ahora bien, zonas en conflicto, se denominará aquellas zonas geográficas de la VIII Región en las cuales se verifican tomas y recuperaciones de tierra por parte de las comunidades que reclaman su posesión histórica, en tanto que comunidades mapuche en conflicto, se denominarán a aquellas comunidades que participan de las recuperaciones de tierras, además estas mismas comunidades se autodenominan de ese modo.

(2) Aún cuando este pacto venía siendo cuestionado mucho antes, es de consenso que a partir de la intervención total de la CONADI por el estado, el Pacto de Imperial, rápidamente perdió legitimidad en los sectores indígenas que permanecían leales a este organismo.